El Golpe de Estado de Manuel Zelaya (II y final)

por Armando Añel

En el artículo anterior aseguraba que es lamentable la destitución a la fuerza de un presidente, aunque mucho más lamentable resulte que un presidente intente la destitución a la fuerza del orden constitucional, institucional, legal, que se ha dado un país, como hizo Manuel Zelaya en Honduras. Algunos lectores han insistido, sin embargo, en que la denuncia del intento de Golpe de Estado previo con que el ex presidente hondureño pretendía cambiar las reglas del juego político constituye un intento -en el caso que nos ocupa, mío- de justificar el uso, mal empleado, de la fuerza militar. Nada de eso.

El artículo anterior hace hincapié en la circunstancia previa que desató la destitución del presidente. Sigo creyendo, y con esto no descubro el agua tibia, que en democracia corresponde al Ejército defender el orden constitucional cuando el poder ejecutivo, o cualquier otro, lo amenaza, y fue esto último lo que ocurrió en Honduras. Con el agravante, por cierto, de la intromisión de poderes extranjeros –del chavismo en particular- en la ecuación. Pero ello no quiere decir que apruebe las maneras, las formas, con las que se llevó a vías de hecho la detención y expulsión de Zelaya. Cuando escribí que “es lamentable la destitución a la fuerza de un presidente” fue eso exactamente lo que quise decir.

Pero lo más importante aquí, me parece, es el saludable precedente que sienta la actuación de las instituciones democráticas hondureñas, más allá de sus pifias de estilo o procedimiento. Desoyendo al Congreso, al Tribunal Supremo y a la mismísima Constitución (incluso a su propio partido y a muchos de sus votantes, a los que previamente traicionó… y esto sería ya materia de otro artículo), Zelaya pretendía "refundar la nación mediante una Asamblea que cambiara las reglas de juego del sistema político”. Y todos sabemos lo que eso significa aquí y ahora: Desmontar los mecanismos y estructuras democráticas para desembocar, paulatinamente o no, en un sistema totalitario como el castrista, o en uno en proceso de serlo, como el chavista. Así que la respuesta de las instituciones hondureñas al intento de golpe de Zelaya ha sido ejemplar, y debería servir de ejemplo en Latinoamérica (descontando, por supuesto, las pifias de procedimiento anteriormente mencionadas).

Si en América Latina los actores políticos respetaran las estructuras democráticas y se limitaran más efectivamente los poderes del Ejecutivo, como pasa en los países civilizados, mucha gente ya habría salido de la pobreza y nos hubiéramos ahorrado un sinfín de dictaduras y masacres. No hay que olvidar que en la última década el auge del autoritarismo en el continente, en países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etcétera, ha respondido a oscuras maniobras presidenciales. En una región donde el fraude, el tráfico de influencias y los petrodólares pervierten los procesos electorales y de consulta, resulta imprescindible limitar todavía más los poderes del Ejecutivo, reforzando el papel de contrapeso para el que fueron concebidos poderes como el Legislativo y el Judicial y blindando la condición de referente de las constituciones nacionales. Una Constitución no puede ser, cada dos por tres, ese papel mojado con que el presidente de turno se suena las narices.