por George Gautier
La “industria de la emigración” reporta cuantiosos ingresos al castrismo, además de representar una válvula de escape al creciente malestar social en Cuba. Pero la manipulación que ejerce el régimen, vetando el derecho ciudadano a entrar y salir libremente de su país de origen, constituye una flagrante violación de uno de los derechos fundamentales de las personas.
Los trámites arbitrarios, y abusivos, impuestos por el Ministerio del Interior cubano, ejecutados por su sección militar (Dirección de Inmigración y Extranjería) se desglosan de la siguiente forma (en dólares):
1º- Hacerse el pasaporte. Válido por dos años, renovable pagando, al cabo de seis años las autoridades exigen uno nuevo. Unos $200.00
2º- Permiso de viaje. Unos $150.00
3º- Habilitación de títulos oficiales universitarios. Unos $400,00
4º- Pérdida y traspaso de propiedades al Estado cubano, sin derecho a herencia o adjudicación de bienes a familiares cercanos, ni mantenimiento o custodia de bienes por parte de terceras personas si el emigrado está más de 11 meses fuera de Cuba. Unos $15,000.00. Cifra que puede ser mayor en dependencia del valor del inmueble incautado. Desde los años sesenta el régimen impuso su derecho a expropiar todos sus bienes, incluyendo la vivienda, a cualquier ciudadano que abandone el país. Practicando la rapiña más desvergonzada, realiza un inventario pormenorizado para que ninguna pertenencia del potencial emigrante pueda ser traspasada a ningún miembro de su familia que permanezca en la Isla y que no viva con él. El Estado omnipotente confisca sin más. Esto incluye el inmueble completo, el automóvil, si se posee, los electrodomésticos, etcétera. Una patente de saqueo no legislada, pero que se ejecuta inflexiblemente.
5º- Impuesto consular de viaje a Cuba, por mes de estancia en el exterior, para los cubanos que no quieran perder sus bienes. $400.00 si se viaja antes de los 11 meses.
6º- Pago de antecedentes penales y pago de registro de documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aproximadamente unos $3,000.00
En total, unos 19,000.00 dólares. Esto pone de relieve el expolio que sufren los cubanos a manos de sus propios gobernantes, quienes además de levantar estos formidables obstáculos a la libertad consiguen, manipulando la actividad migratoria, recaudar los dólares necesarios para apuntalar su indigente economía. El régimen parte del supuesto de que las personas que emigran de Cuba reciben ayuda monetaria del exterior para tal fin, ya sea de amigos o familiares, y esto los convierte en sujetos solventes, aptos para ser despojados. La “industria de la emigración” representa para el castrismo una de las mayores fuentes de ingresos en divisa convertible, mediante la cual no sólo cubre los gastos de sus representaciones diplomáticas en el exterior, sino que obtiene un cuantioso excedente.
La industria migratoria cubana factura anualmente centenares de millones de dólares, teniendo en cuenta que de los cerca de dos millones de exiliados cubanos viaja a Cuba casi medio millón al año, principalmente por cuestiones familiares. A esto se suma el monto de las remesas, que ronda la cifra de 800-900 millones de dólares anuales, según cálculos fiables. Todo ello conforma el perfil de un gobierno violador contumaz de los más elementales derechos humanos de sus ciudadanos, y el de una economía parásita, que vive de la rapiña y que se sostiene básicamente por el ahorro generado por el 10% de la población cubana en el exterior, la cual se ocupa de financiar sistemáticamente la supervivencia o la evasión de sus familiares de la Isla.
Es una cruel ironía: la inmigración afincada en las sociedades de Occidente donde imperan las libertades y la economía de mercado, contribuye fundamentalmente al sostenimiento económico de un régimen totalitario como el castrista.