por Armando Añel“Orlando Zapata se ha muerto con la Posición Común vigente”, acaba de declarar la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE (partido gobernante en España), Elena Valenciano, en un intento desesperado de justificar la impresentable postura de su gobierno de cara a las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Antes --años antes—, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, había sido medianamente sincero, afirmando que su política de acercamiento al régimen castrista estaba teniendo resultados concretos porque, entre otras lindezas, “tenemos capacidad de interlocución y estamos promoviendo los intereses de nuestro país”.
Sólo esta última afirmación, la de los intereses, pareciera guardar puntos de contacto con la realidad, pero cuidado: la actual posición española puede volverse en su contra a mediano plazo, cuando una transición que verdaderamente merezca ese nombre desemboque en un Estado de Derecho en Cuba y un gobierno elegido democráticamente, eventualmente integrado por políticos de la actual disidencia interna o del exilio –o más sencillamente, por políticos surgidos de la embrionaria sociedad civil cubana—, traiga a colación la retrógrada posición ibérica durante los estertores del castrismo.
La actitud de Madrid no ha dejado de asombrar a los analistas durante todos estos años, sobre todo en momentos en que la política de concesiones al régimen de La Habana, implementada durante los gobiernos de Felipe González y llevada al paroxismo por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha revelado improcedente, incluso contraproducente. Siete años de moratinadas arrojan un resultado inocultable: el número de presos políticos cubanos se mantiene estable o aumenta, la disidencia es cada vez más reprimida, no hay visos de apertura ni modificación alguna en el discurso desafiante –por lo intolerante— de la diplomacia insular. ¿Qué hay detrás de las continuas, y rocambolescas, genuflexiones españolas?
Primero, ya lo ha dicho el propio Moratinos, España pretende estar defendiendo sus intereses en la Isla, básicamente los de sus empresarios e inversionistas. Segundo, para buena parte del “progresismo” internacional Cuba es una piedra en el zapato estadounidense, circunstancia que, prácticamente por inercia, la izquierda caviar celebra y bendice, aun cuando los últimos acontecimientos en la Isla han variado en algo esa percepción. Por otro lado, el PSOE sufre la presión procastrista de las formaciones a la izquierda del espectro político español, las que Zapatero tradicionalmente ha precisado para arrinconar, mediática y legislativamente, al Partido Popular, principal fuerza opositora.
Pero todo esto está reñido con el discurso cosmético del ejecutivo socialista, que insiste en presentar su política hacia Cuba como la más adecuada para facilitar una transición hacia la democracia. Adicionalmente, la “capacidad de interlocución” de la que blasona Moratinos es, más que nada, capacidad de asentimiento. Una capacidad de asentimiento vergonzante si se tienen en cuenta las continuas bravuconadas y violaciones de los derechos humanos perpetradas por el castrismo en lo que va de gobierno del PSOE.
Promover la transición en la Isla significa promover a la temeraria, y acosada, disidencia interna. Promoverla recordándole sin cesar a los herederos del castrismo que las bases sobre las que se asienta el sistema vigente en Cuba, represivas y discriminatorias, no son admisibles para aquellas naciones capaces de lucir un historial democrático y de tolerancia para con la diferencia. Un análisis objetivo de la trayectoria castrista, cuyos cánones reproducen los de su parentela totalitaria, permite asegurar que sólo la pedagogía de los hechos –una presión concreta y en bloque de la comunidad internacional, que España debería encabezar, más un reconocimiento activo a la oposición al castrismo— fomentará el caldo de cultivo desde el que favorecer un giro hacia la democracia.
Llama la atención que la sanción que le quitara el sueño a las autoridades cubanas en 2003 –la de invitar a la disidencia interna a las recepciones consulares de las distintas representaciones europeas en La Habana— es la que las enfrenta a la constatación de que en la Isla, como en cualquier otro rincón del mundo, conviven distintas maneras de entender la historia y la política, diversas sensibilidades y formas de interpretar la realidad. Una realidad ante la que el castrismo cierra una y otra vez los ojos, pero frente a la que el PSOE no debería tener que usar espejuelos.
