La intervención en las tarjetas de crédito (I)

por Jorge A. Sanguinetty

Todo parece indicar que muchas, acaso todas, las empresas que emiten y financian tarjetas de crédito han seguido prácticas que no son del todo éticas y hasta han llegado a ser abusivas. Dichas prácticas han contribuido a desarrollar una antipatía popular contra estas empresas, lo cual se suma a la antipatía contra las instituciones financieras recientemente generada por la crisis y las formas descontroladas de avaricia que ayudaron a profundizarla. No hay duda de que hay que “hacer algo” para que las ventajas del sistema de crédito se sigan distribuyendo equitativamente entre los acreedores y los deudores, y que no se inclinen demasiado hacia los primeros en detrimento de los segundos o viceversa. El problema es definir cuál es el “algo que hay que hacer” y quién o quiénes deben hacerlo.

En estos casos los que toman decisiones a menudo tienden a olvidar o desconocer que la economía es sumamente contra-intuitiva; a cada paso nos hace creer que la solución es una cuando, con un poco de pensamiento, análisis y paciencia, nos damos cuenta que la solución correcta es otra. Y si la teoría no convence, la práctica se hará cargo de hacerlo de una forma más dolorosa.

Donde más frecuentemente se pone de manifiesto esa paradoja es en la intervención del gobierno en los precios de una economía. En nuestro caso, la tasa de interés representa el precio del dinero que se presta. O sea, este precio es el que define una transacción inter-temporal, libre y voluntaria, entre el que presta y el que toma prestado. Cuando este precio se distorsiona, por ejemplo, imponiendo un techo o nivel máximo por puro decreto, se generan otros efectos indeseables y casi siempre imprevistos por los que toman estas decisiones y por el público que las demanda.

El gobierno siempre puede imponer un techo máximo a cualquier precio, pero lo que nunca puede lograr es que las personas o empresas no se ajusten al nuevo precio. Cuando se impone un precio máximo que queda por debajo del “normal” de mercado o de equilibrio, casi siempre surge alguna forma de racionamiento, el cual no tiene necesariamente que provenir del gobierno sino de las empresas que suministran el bien o servicio afectado. Lo que es probable que suceda con las tarjetas de crédito cuando los intereses y las otras tasas que se cobran estén obligadas a estar por debajo de su nivel de equilibrio, es que las empresas aumenten los requisitos de calificación y acaben limitando el acceso a sus servicios de los clientes de mayor riesgo crediticio, que tienden a ser precisamente los más pobres, o sea, aquéllos a los que la legislación pretende ayudar.

Por el contrario, el gobierno, creyendo que puede cuidar de los más pobres o que sabe más que ellos sobre cómo tomar decisiones económicas, acaba perjudicándolos. Y por si esto fuera poco, los de mejor posición económica pudieran verse beneficiados, pues ahora pudieran pagar menos intereses y menos cargos por tener o solicitar tarjetas. Al reducir las oportunidades de crédito a los más pobres, el gobierno pudiera acabar reduciendo su poder económico mientras aumenta el de los más ricos. ¡Menudo resultado para los que creen que la felicidad puede legislarse!

Cortesía Cuba Futuro