por José Luis SitoLa comunidad internacional se enfureció con la velocidad de la luz contra Honduras y sus dirigentes. Sin ninguna precaución de lenguaje y ni siquiera la mesura y prudencia que exige un mínimo de responsabilidad, calificó de golpe de Estado la destitución legal y constitucional de Manuel Zelaya, el cual pretendía derribar la democracia y el estado de derecho en Honduras.
Podemos ver en estos momentos como esa comunidad internacional y varios de sus dirigentes han perdido toda credibilidad, sabiendo lo que está ocurriendo en Nicaragua y callando vergonzosamente el atraco a lo que queda de democracia en ese país.
El artículo 147 de la Constitución nicaragüense estipula que nadie puede presentarse a más de dos mandatos presidenciales. Por lo tanto, Daniel Ortega, con sus dos presidencias, está automáticamente fuera de las elecciones en 2011. Pero a un espíritu de dictador de izquierdas como el suyo, esto le resulta insoportable. Ya ha intentado modificar la Constitución, pero se necesita la aprobación del 60% de los diputados de la Asamblea Nacional. Esta mayoría nunca consiguió reunirla, razón por la cual este castrochavista viene de perpetrar un auténtico golpe contra el Estado.
Para ello, Ortega llevó el asunto ante la Corte Suprema de Justicia. Esta alta jurisdicción está conformada por seis jueces de diferentes sensibilidades, tres son sandinistas y tres liberales de oposición. Pero para la deliberación sobre el caso, los tres jueces liberales no fueron convocados y fueron remplazados por sus suplentes… tres sandinistas. ¡Luego la votación de la Corte fue unánime para declarar el artículo 147 de la Constitución, sobre la reelección, inaplicable! Pero esto es además totalmente ilegal, ya que el fallo de la Corte ignora con total desprecio que en esa materia es el poder legislativo quien tiene la palabra definitiva. O sea, que la Corte Suprema de Justicia actuó con total ilegalidad, como si fuera un órgano legislativo.
Esto es sencillamente un golpe de Estado disfrazado que la comunidad internacional tiene por obligación que denunciar, en particular la UE y los Estados Unidos. Sin embargo, ninguna voz consecuente se ha oído desde hace una semana.
Daniel Ortega se ha abierto ilegalmente las puertas de otra reelección eterna, como ya lo hicieron sus cómplices castrochavistas Correa, Morales y Chávez, sin hablar de los hermanos Castro, que tienen una herencia en propiedad.
En las últimas elecciones municipales en Nicaragua hubo un fraude generalizado, una estafa violenta de los sandinistas que todos los observadores internacionales denunciaron. Está claro que la próxima elección presidencial, en 2011, seguirá estos rasgos fraudulentos. Gracias a este golpe de Estado de los sandinistas, verá la reelección automática Ortega y la consolidación definitiva de una “dictadura legal” Nicaragua, si la comunidad internacional no actúa y si los nicaragüenses no se movilizan.
