
Los cubanos han logrado éxito en movilizarse a través de Internet. En enero de 2007, después de la aparición de Luis Pavón Tamayo en un programa de televisión honrando a personas que han hecho significativas contribuciones a la cultura cubana, los artistas e intelectuales espontáneamente dieron comienzo a una discusión por correo electrónico para rechazar su participación. Tamayo fue en el pasado responsable del Consejo Nacional de la Cultura y fue considerado como el autor de una violenta represión sobre la libertad cultural que duró varios años en la década de los setenta. El período, conocido como Quinquenio Gris, vio a artistas e intelectuales cubanos censurados enviados a campos de trabajo o al exilio. La protesta por correo electrónico rápidamente llamó la atención del gobierno, y el Ministro de Cultura Abel Prieto se reunió con veinte de los participantes para discutir sus preocupaciones. Prieto inicialmente se rehusó a disculparse por la aparición de Tamayo, pero frente al creciente movimiento en línea reconsideró y emitió una disculpa. Dijo que la participación (así como las siguientes apariciones de otros líderes de la represión en la década del setenta, Armando Quesada y Jorge Serguera) había sido un “error”, y explicó que hoy en día el liderazgo del país considera a ese período (que afortunadamente fue de corta duración) con alto grado de reprobación.
La estructura legal de Cuba no es favorable a la libertad de Internet. No existe una clara garantía constitucional para la libertad en Internet y la constitución claramente subordina la libertad de expresión a los objetivos de la sociedad socialista. La libertad de expresión cultural está garantizada solamente si la expresión no es contraria a la Revolución. El código penal y la Ley 88 establecen penalidades que van desde pocos meses hasta 30 años de prisión por actividades que son consideradas un riesgo potencial o que alteran el orden o son un riesgo pre-criminal para la sociedad, que son contrarrevolucionarias o “contrarias a la independencia nacional y a la economía”.
Tomado del último informe de Freedom House