por Enrique CollazoEn Honduras, la intentona inconstitucional de Manuel Zelaya contó con el apoyo logístico de Hugo Chávez y provocó finalmente la retención y expulsión de territorio hondureño del presidente en funciones, orden ejecutada por los militares. Tal procedimiento revivió de repente el viejo fantasma de los golpes de Estado en las repúblicas latinoamericanas, y hay que condenar a quienes en Honduras recurrieron al ejército como árbitro de la política, concitando con ello la repulsa de la comunidad internacional. España, Francia, Italia y el resto de los países europeos llamaron a sus respectivos embajadores a consultas para “contribuir al restablecimiento de la democracia” y en protesta por el procedimiento mediante el cual se expulsó del país a Zelaya, quien se presenta ahora como víctima inocente de un Golpe de Estado.
Tiene mucha vigencia una frase del filósofo inglés John Locke: “Donde termina la ley comienza la tiranía”. Quiere decir que la gobernabilidad democrática tiene que basarse en, y defenderse con, procedimientos sustentados en el derecho y no en la fuerza, de modo que la desacertada decisión de desterrar del país al presidente en funciones, sin someterlo a la acción de la justicia por las instituciones y poderes constitucionales dentro del Estado de Derecho hondureño, resulta reprobable.
Sin embargo, España y otros países de la Unión Europea retiran a consultas a sus representantes diplomáticos en Tegucigalpa y mantienen a sus embajadores de La Habana, Caracas o La Paz cuando los gobernantes de estos países restringen de manera flagrante las libertades civiles y políticas a sus ciudadanos, retuercen la constitución a su antojo o encarcelan a los pacíficos activistas del Proyecto Varela por pedir un referéndum sobre la Constitución, acusándolos incluso de conspirar con un enemigo externo, como en el caso de Cuba.
Resulta evidente que a la comunidad democrática internacional le asiste el derecho de condenar golpes militares en contra de gobiernos democráticamente constituidos, pero no dispone de una respuesta coordinada y coherente, ni de dispositivos apropiados de defensa de los valores democráticos, frente a iniciativas similares a las de Zelaya, ensayadas ya por Hugo Chávez en Venezuela y sus aliados de Bolivia y Ecuador. No obstante, es hora ya de abandonar el doble rasero para enjuiciar a gobiernos que, aunque aupados al poder mediante las urnas, luego de asumir sus funciones comienzan un sistemático proceso de desmantelamiento del Estado de derecho y de las libertades fundamentales.
Estos nuevos socialistas-golpistas del siglo XXI asumen una hoja de ruta en la que se valen de las libertades propias de la sociedad liberal -elecciones democráticas, democracia representativa, etcétera- como táctica asequible de control, la cual es indispensable explotar para conquistar definitiva e ilimitadamente todo el poder. Por ello es que inmediatamente se aprestan a modificar las constituciones liberales, alterando numerosos artículos y redactando otros nuevos que puedan propiciar su decidida marcha hacia el control totalitario de la sociedad. Este movimiento será secundado por las fuerzas políticas aliadas al nuevo poder y, entretanto, inmediatamente contestado por los sectores sociales contrarios al recorte de las libertades y el engrandecimiento del Estado.
De tal modo, se provoca una violenta ruptura social y un fuerte enfrentamiento interclasista e interregional que termina por abarcar a la sociedad civil en pleno, permitiéndole al nuevo poder radicalizar aún más su rumbo, lo cual resulta absolutamente irreconciliable con la democracia.
Frente al desafío de estos nuevos socialistas-golpistas, concentrados en la crisis abierta en Honduras, conviene tener muy claro que al totalitarismo no se le puede dar ni un tantito así: Que sólo cabe buscar legitimidad en la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho.
