por Francisco J. González¿Por qué entendemos válido considerar la reincorporación a España como una alternativa práctica para descolonizar a Puerto Rico y desarrollar a Cuba? Probablemente, porque las condiciones económicas y políticas del momento presentan la oportunidad de poder lograr un arreglo que beneficie a todas las partes envueltas.
Es importante analizar el proceso a seguir y los cambios involucrados de ser adoptada esta fórmula, comenzando con la organización política de Cuba y Puerto Rico dentro de los esquemas constitucionales español y europeos, seguidos por el panorama económico y el geopolítico que se establecerían bajo el nuevo régimen, y concluyendo con una evaluación de las posibilidades reales de que el estatus propuesto en esta serie pueda ser adoptado en un futuro.
La Constitución española de 1978, promulgada tras la muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la democracia, sienta las bases para la organización política del país como una monarquía parlamentaria. La Constitución, además, reconoce la diversidad étnica y cultural de los pueblos que habitan el territorio español, y reconoce el derecho al autogobierno de estas nacionalidades por medio del establecimiento de Comunidades Autónomas (CC AA).La Constitución divide todas las competencias, o áreas de responsabilidad, entre las de exclusiva jurisdicción de las CC AA o del Estado central (“competencias exclusivas”), y las de jurisdicción conjunta de las CC AA y el Estado (“competencias concurrentes” y “competencias compartidas”). Sin embargo, el Estado central puede delegar o transferir competencias a las CC AA mediante disposición de las Cortes y a petición de cada Comunidad Autónoma.
El desarrollo de la relación entre el Estado y las CC AA es un proceso continuo y dinámico, encabezado por los reclamos de las Comunidades de Cataluña y el País Vasco (Euskadi). Las nacionalidades catalanas y vascas, con su idioma, costumbres e historias distintas de la tradición castellana dominante en España, han trazado la ruta a seguir por Puerto Rico y Cuba en lo que se refiere a establecer una identidad jurídica propia dentro de los parámetros establecidos por la Constitución de 1978.
Por otra parte, la participación efectiva de las nacionalidades en el gobierno central del Estado español se obtiene mediante la representación en las Cortes (la legislatura nacional, compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados). En el Senado, las representaciones (diputaciones) de las provincias y las Comunidades Autónomas se adjudican de forma que se logre una representación mínima por cada circunscripción electoral (un mínimo de cuatro senadores por provincia, y un senador adicional por cada Comunidad Autónoma).
