por José Vilasuso ¿Ha aclarado el señor Mel Zelaya cuánto duraría el poder que reclama? ¿O qué garantiza su cumplimiento conforme a la actual Constitución de la República? ¿Acaso su prioridad se centraría en el proceso electoral fijado en Honduras?
Las especulaciones quedan abiertas. Aunque dado el carácter nada conciliatorio con que hasta el presente Zelaya se viene manifestando, en declaraciones como “la guerra ha empezado” -aun con mayor peso dado el vaticinio del coronel Hugo Chávez Frías: “uno, dos, tres Vietnam en Honduras”, coincidentes a su vez con afirmaciones del señor Evo Morales: “el golpe lo dio El Comando Sur de Estados Unidos”-, no hay que abrigar esperanza razonable de que la restitución del ex presidente signifique otra cosa que el recrudecimiento de un polarizado, impredecible e indefinido período cuyo destino palmario está a la vista en Venezuela, Bolivia, quizás Ecuador. “Hay que aplastar a la oposición”, acaba de declarar Morales, tras solicitar un préstamo a Rusia para armas y un avión presidencial, y luego de su plena alineación con el gobierno revolucionario islámico de Irán.
No parece consecuente hacer uso de lenguaje tan comprometedor, mover peones de alto poder, hacer vaticinios más que alarmistas, trágicos, para la ocupación de un cargo durante cuatro o cinco meses. Prácticamente para servir de árbitro en unas elecciones donde ni siquiera su propio partido lo postula. No se invierte tanto capital para recuperar unos pocos centavos. Hombre al parecer con rencores no olvidados, vacilante y de no excesivas luces, Manuel Zelaya, desde su ascenso al escenario internacional, no despunta independientemente de los dictados del coronel Hugo Chávez Frías y los consejos de Fidel Castro Ruz.
Al ocupar la presidencia el mandatario podría sustituir a todo el personal administrativo no obediente. La fuerza misma de un cargo avalado por factores foráneos de avasallante influencia, lo inclinaría al autoritarismo y la intransigencia. Nada proveniente del Congreso, el Poder Judicial y las autoridades electorales sería aceptado por el presidente. En cambio, las embajadas de Venezuela y Cuba se convertirían en consejeros permanentes. Distinguidos extranjeros, de reconocida ejecutoria antidemocrática, serían asiduos visitantes del Ejecutivo. A las fuerzas armadas se les exigiría especial incondicionalidad, para lo que no se escatimarían recursos ni influencias disuasivas. El intercambio fraternal de uniformados hondureños con colegas de Venezuela y Cuba podría exceder los cálculos más alarmantes. La atmósfera de zozobra e inseguridad que hasta cierto grado asoma en el entorno regional, aumentaría considerablemente.
Con el poder en la mano vendría su acumulación mediante medidas múltiples, y la legislación extensiva del mandato. Reformas, referendos, consultas que se convertirían en un fin en sí mismas, indefinidamente. En cada evento el gobierno sería juez y parte, con derecho a invalidar cualquier resultado adverso o a sustituirlo por una decisión ejecutiva en sentido contrario.
Conciencias doblegadas, sobrecarga partidista oficial, coacción a como dé lugar, soborno como herramienta de trabajo. Para entonces se habrían restituido las pistas de aterrizaje desde las que tienen vía libre los aviones venezolanos que, cargados de inconfesables procedentes de Colombia, despegan rumbo a Estados Unidos. Fuente financiera interrumpida desde el pasado 28 de junio y que habría de devolverle al coronel Hugo Chávez parte de sus menguados ingresos petroleros.
