por Enrique CollazoLa España autoritaria de Franco y la Cuba totalitaria de Castro guardan, cómo no, notables diferencias. Entre ellas el enorme desafío de crear sobre las ruinas del castrismo una red institucional administrativa eficiente sobre la cual se asiente el nuevo Estado de derecho, premisa lograda en la España de 1976 al existir, más allá de la intervención estatal, una economía de mercado y los organismos públicos y privados que le daban respaldo, como la banca, los registros de la propiedad, las administraciones y las haciendas locales, etcétera, así como un cuerpo de leyes y de responsabilidad de las administraciones públicas propias de un Estado de derecho, aunque no democrático.
Quiere decir que el grado de transformación que debe emprender un presunto gobierno de transición cubano es, con gran diferencia, muy superior al adoptado en España a partir de 1976, sobre todo porque, al desaparecer el castrismo, desaparecerá el Estado cubano y con ello la transición cubana supondrá “una gigantesca y muy difícil tarea de reconstrucción institucional”, tal y como expresó el sociólogo español Emilio Lamo de Espinosa en los números 37/38 de la revista Encuentro.
Resumiendo: La enseñanza que para Cuba aporta el modelo español de transición, superado en cierta medida al cabo de treinta años por la dinámica centrífuga de esta sociedad, es que la búsqueda y conformación del consenso político para superar el antiguo régimen, iniciar la transición y adentrarse firmemente en la construcción de un Estado de derecho basado en las libertades, no es labor de un día o de una etapa histórica puntual.
La búsqueda del consenso, sin menoscabo de la diversidad y la convivencia entre partidos de diferente ideología, no se reduce a alcanzarlo a duras penas en un momento histórico en que urge su cristalización, sino que es un activo indispensable para el bien común, los intereses de la nación en su conjunto y la gobernabilidad de una sociedad democrática.
