por Roberto Lozano
En estos días se habla de la continuación del embargo por sus defensores, o de su fin unilateral por sus detractores, pero no se ha considerado la posibilidad de amalgamar ambos extremos en un compromiso ecléctico, es decir, su suspensión temporal. Tal compromiso permitiría abandonar la política fracasada de la política actual sin tener que renunciar en el mediano y largo plazo a su inmenso poder penalizador en caso de que no se obtengan los resultados esperados en el corto plazo, ofreciéndole una ventana de oportunidad al gobierno cubano para demostrar sus verdaderas intenciones.
La suspensión temporal del embargo tiene mucho más sentido que su fin indefinido, ya que las concesiones políticas del gobierno cubano (ya sea la celebración de un plebiscito, el respeto de los derechos humanos y la celebración de elecciones libres) no tendrían que ocurrir como una condición previa a la suspensión unilateral. El gobierno cubano tendría entonces que vivir en un periodo de prueba, digamos un año, donde tendría que demostrar con actos sus verdaderas intenciones, un mundo sin embargo. Por supuesto que el embargo recomenzaría automáticamente al final del periodo y quizás con mucho más apoyo internacional que durante su primera versión, en caso de que el gobierno cubano no demuestre ningún signo de apertura.
La ventaja de esta propuesta es que condiciona el cambio permanente del status del embargo después del periodo de prueba a las acciones del gobierno cubano. Los países latinoamericanos deberían poder apoyar esta propuesta, ya que estaría en línea con el deseo de los Estados Unidos de promover la democracia en el continente y serviría además para finalmente pedirle al gobierno cubano una prueba empíricamente válida de su legitimidad.
No sería difícil argumentar que, si gobierno cubano realmente desea su integración a la comunidad de naciones libres del continente, no debería temerle a la libre expresión del sentimiento popular mediante un plebiscito internacionalmente supervisado. ¿De qué otra manera podría atribuírsele legitimidad al único gobierno del continente que no ha pasado por el tamiz de las elecciones libres? ¿Cómo aceptarlo sin esas condiciones mínimas?
Por supuesto, es muy probable que el gobierno cubano no acepte la celebración de ningún plebiscito o elecciones, su propia constitución establece que el totalitarismo actual es irreversible, sobre todo debido a la dificultad de manipular al electorado si este proceso se lleva a cabo bajo estricta supervisión internacional y con un mínimo de condiciones de libertad de expresión, asociación y acceso a los medios de comunicación.
Realmente, no tiene sentido apoyar la terminación unilateral e indefinida del embargo, como propone Jorge Castañeda, y esperar a que el régimen, por su propia voluntad, cree las condiciones políticas de su propia destrucción sin una presión internacional que tenga algo sólido y concreto detrás de las palabras, aunque sea la Espada de Damocles de la renovación del embargo. ¿Qué garantizaría que los gobiernos latinoamericanos presionen al gobierno cubano para que se respete la democracia y los derechos humanos una vez que se haya perdido el elemento negociador del fin del embargo? Es obvio que el fin unilateral del embargo no lleva a la democratización de Cuba, pero que la suspensión temporal podría crear las condiciones necesarias para que ello finalmente ocurra.
La historia muestra que los regímenes autoritarios que aceptaron una apertura política en el pasado, Chile y Sudáfrica, lo hicieron como resultado de la constante presión colectiva. Ello demuestra que las sanciones económicas no se deben suspender definitivamente en ausencia de señales concretas de que se progresa hacia una apertura que es definitiva e igualmente permanente.