La Constitución socialista cubana es una burla a la independencia de los poderes públicos postulada por el barón de Montesquieu en 1749 y que constituye la espina dorsal de la democracia moderna.
Es casi incomprensible cómo casi nadie se da cuenta –ni dentro ni fuera de Cuba– de esta flagrante aberración institucional: la Constitución cubana declara que e
l partido está por encima del Estado, pero la dirigencia del PCC no es elegida en las urnas, ni siquiera en una farsa como la elección de los diputados (candidatos por un único partido) que supuestamente eligen al Consejo de Estado (cuyos integrantes son escogidos previamente por los Castro).
Eso provoca un absurdo jurídico: el máximo poder político en la isla –– Buró Político del Partido y su Primer Secretario--, es constitucional pero ilegítimo porque no emana del sufragio del pueblo soberano de que hablaba Jean Jacques Rousseau.
A ese tecnicismo constitucional se acogió el comandante cuando cedió su cargo de presidente a su hermano Raúl, pues él seguiría siendo el “número uno”, por ser el jefe del partido.
Sin embargo, el mundo sí creyó que Raúl pasaba a ser el nuevo líder. Recuerdo, entre otros, el titular del diario hispano La Opinión, de Los Angeles: “Castro se hace a un lado”.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha declarado que las opiniones de Fidel Castro sobre Obama y su hostilidad contra cualquier posible acercamiento de Washington a La Habana no cuentan, sino lo que diga y haga el gobierno de Raúl Castro. La señora Clinton se equivoca, lo que dice Castro I sí cuenta y tiene fuerza de ley.
Esta falsa percepción internacional de la realidad cubana se debe al desconocimiento de la Constitución vigente y a que los gobiernos tratan a Cuba con las normas y la lógica que rigen para una nación normal. Pero sobre todo, porque los gobiernos populistas latinoamericanos y el gobierno socialista de España insisten en vender la idea de que en la isla se ha iniciado una nueva era de cambios.
Es casi incomprensible cómo casi nadie se da cuenta –ni dentro ni fuera de Cuba– de esta flagrante aberración institucional: la Constitución cubana declara que e
l partido está por encima del Estado, pero la dirigencia del PCC no es elegida en las urnas, ni siquiera en una farsa como la elección de los diputados (candidatos por un único partido) que supuestamente eligen al Consejo de Estado (cuyos integrantes son escogidos previamente por los Castro).Eso provoca un absurdo jurídico: el máximo poder político en la isla –– Buró Político del Partido y su Primer Secretario--, es constitucional pero ilegítimo porque no emana del sufragio del pueblo soberano de que hablaba Jean Jacques Rousseau.
A ese tecnicismo constitucional se acogió el comandante cuando cedió su cargo de presidente a su hermano Raúl, pues él seguiría siendo el “número uno”, por ser el jefe del partido.
Sin embargo, el mundo sí creyó que Raúl pasaba a ser el nuevo líder. Recuerdo, entre otros, el titular del diario hispano La Opinión, de Los Angeles: “Castro se hace a un lado”.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha declarado que las opiniones de Fidel Castro sobre Obama y su hostilidad contra cualquier posible acercamiento de Washington a La Habana no cuentan, sino lo que diga y haga el gobierno de Raúl Castro. La señora Clinton se equivoca, lo que dice Castro I sí cuenta y tiene fuerza de ley.
Esta falsa percepción internacional de la realidad cubana se debe al desconocimiento de la Constitución vigente y a que los gobiernos tratan a Cuba con las normas y la lógica que rigen para una nación normal. Pero sobre todo, porque los gobiernos populistas latinoamericanos y el gobierno socialista de España insisten en vender la idea de que en la isla se ha iniciado una nueva era de cambios.
